El canciller de la República, Yván Gil, compartió este miércoles un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde condena firmemente el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente, Cilia Flores.
De acuerdo con el informe, el hecho ocurrido el pasado 3 de enero fue una acción no provocada que ha causado pérdidas de vidas humanas, vulnerando la integridad territorial y la independencia de los Estados en «clara violación de la Carta de las Naciones Unidas».
Además, puntualiza que la agresión es agravada por la serie de Medidas Coercitivas Unilaterales y el bloqueo naval en el Caribe.
«Todas estas medidas han sido previamente adoptadas contra Venezuela por los EE.UU. y Europa en completa violación al derecho internacional y humanitario», señala la ONU.
Señalan que las prácticas representan un desafío y «si se toleran, tales acciones normalizarían la anarquía en las relaciones internacionales y deteriorarían gravemente el orden global».
Asimismo, el informe destaca el uso de pretextos velados para justificar una agresión que tiene como objetivo la explotación de los recursos naturales y la demostración de un flagrante desprecio por el derecho de los pueblos a la libre determinación y a su soberanía.
Los expertos expresaron gran preocupación por las declaraciones públicas posteriores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su país «gobernará Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y prudente» y que «vamos a sacar una tremenda cantidad de riqueza del suelo».
«Los vastos recursos naturales de Venezuela, incluidas las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, no deben ser explotados cínicamente a través de pretextos apenas velados para legitimar la agresión militar, la ocupación extranjera o las estrategias de cambio de régimen», informaron.
El documento de la ONU destaca el uso de pretextos velados para justificar una agresión que tiene como objetivo la explotación de los recursos naturales y la demostración de un flagrante desprecio por el derecho de los pueblos a la libre determinación y a su soberanía.
«Tales declaraciones equivalen a un flagrante desprecio por el derecho de los pueblos a la autodeterminación y su soberanía sobre los recursos naturales, pilares del derecho internacional de los derechos humanos consagrados en el Artículo 1 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual los Estados Unidos son parte desde 1992», destacaron.
En tal sentido, instaron a la comunidad internacional, incluidos los Estados y las empresas, de abstenerse de «ser cómplices en cualquier estrategia imperial que viole los derechos humanos y los principios de no intervención y autodeterminación».
Recalcan que el futuro de Venezuela debe ser determinado por el pueblo venezolano únicamente, en plena soberanía, a través del diálogo y la rendición de cuentas.
Prensa MinCyT
